Leyes adultas para un consumo adulto

Cuando, hace más de 25 años, empezó a sonar la trasnochada canción de Ska-P "Legalización" en las fiestas populares, parecía que el consumo legal de cannabis era una utopía. Una especie de himno canalla, para reivindicar algo que, en el fondo, no creíamos que fuera a pasar. Más de dos décadas después, no sólo quien saltaba al ritmo de "cannabis de calidad y barato" se ha dado cuenta de los enormes beneficios de la regulación de la producción de cannabis en España.

Tanto es así, que según recogió el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el pasado abril, casi la mitad de las personas encuestadas estarían a favor de la regulación integral del cannabis. Por contra, en el Congreso sólo un 20% de los diputados la aprueba. Y ¿cómo lo sabemos? Porque en los últimos meses varios partidos han llevado propuestas de ley para avanzar tanto en el uso medicinal como adulto de la planta.

Es por eso que hoy te traemos lo que sabemos sobre qué opciones legales se están poniendo sobre la mesa en España, qué ejemplos de otros países podemos tomar como referencia, qué claves legales nos han ayudado a entender el debate actual, y cómo de amplios son los beneficios de la regularización del consumo adulto de cannabis en este país.

Cuando las barbas del vecino veas afeitar...

El ejemplo más conocido de nuestros vecinos con la legislación relacionada con el cannabis es el de Holanda, que despenalizó el consumo en 1976. Una decisión muy controvertida y que lamentablemente ha servido a detractores para, de manera sesgada, demostrar su punto de vista paternalista y criminalizador.

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Desde entonces, y gracias al ejemplo de Holanda como precursor, han tomado caminos distintos en los últimos años para crear un marco legal que beneficie al máximo a su sociedad. Veremos a continuación dos modelos distintos: el modelo más social que empezó en Uruguay en 2013, y el modelo de libre mercado que empezó en Canadá en 2018.

El modelo social de Uruguay

Cuando Uruguay reguló el consumo de cannabis lo hizo "contra el narcotráfico, para robarle mercado", según explicó el entonces presidente, José Mujica. Uruguay, uno de los países más plenamente democráticos de América el Sur, y con un sistema consolidado, regularizó el consumo de cannabis para uso adulto en 2013. Casi 10 años después, los resultados hablan por sí solos.

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Este modelo está diseñado alrededor de lo público: El precio del cannabis está regulado por el Estado, hay un registro centralizado de consumidores, y tres maneras de acceder a la planta: a través del autoconsumo (hasta seis plantas en casa), en las farmacias (hasta 40 gramos al mes), o en los clubes de consumidores (que pueden tener hasta 99 plantas). Una vez estás registrado en uno de estos sistemas, siempre tienes que atender a ese tipo de dispensario.

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La iniciativa salió "no para dar acceso al cannabis a nadie, sino para atender a los que se pasan". El motor de la regulación fue facilitar el acceso a la sanidad a aquellas personas que abusaban de la sustancia, desestigmatizar, atraer a los consumidores y facilitar información sobre el cannabis a nivel nacional.

El modelo de libre mercado de Canadá

Canadá, un país demográficamente más parecido a España, aprobó la ley del cannabis (The Cannabis Act) el 17 de octubre de 2018. Los objetivos de su presidente, Justin Trudeau, eran parecidos a su vecino americano: alejar las drogas del público más joven, recortar beneficios al mercado negro y proteger la sanidad y salud pública.

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Este modelo es más economicista y liberal: aunque es el Estado quien dicta aspectos tan importantes de control como la distribución, el etiquetaje, las licencias y permisos, o la composición de los productos entre otros, la implementación está pensada para que sean la empresa privada quien se encargue de ella.

Los cambios que se han visto en el país respecto del consumo son menores que en Uruguay por dos factores: por un lado, hace menos años que la ley está implementada, y por otro, el impacto de la pandemia en el último año y medio. Ahora bien, el impacto económico que ha tenido es innegable: la reputada consultora Deloitte atribuye a la regulación del cannabis recreacional el aumento del 2,5% del PIB del país.
Lo que ambos países tienen en común son sus declaraciones respecto a lo gradual del cambio, y del tiempo prolongado que requiere que una legislación como esta se refleje en la sociedad. Las experiencias son positivas (el aumento en la recaudación, la reducción en la criminalidad) pero ambas concluyen que la transformación social es un proceso que requiere de más años.

... pon las tuyas a remojar

Y es que en España, aunque las votaciones en el Congreso se hayan "pasado por agua", están generando debate, y lo que es más importante, cada vez hay más personas y empresas valorando las ventajas reales (y realistas) de regular el consumo.

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Como decíamos antes, hay un porcentaje muy elevado de la sociedad que está a favor de la regulación, ya sea con fines médicos (donde hasta un 84% de la población opina favorablemente) o con fines de uso adulto. Pero, para saber con qué estamos de acuerdo o en desacuerdo, analicemos mejor qué se debate y quién lo está debatiendo.

Cuatro conceptos clave a distinguir: despenalización, legalización, liberalización y regulación

• Despenalización. Dejar de tipificar como delito o falta una conducta anteriormente castigada por la legislación penal. Este es el caso de Holanda. Se despenalizó el consumo pero la  comercialización o producción sigue prohibida. El país se encuentra en una situación delicada a nivel económico, ya que aunque no se persiga a los consumidores, el tejido productivo y empresarial del país está forzado a actuar en una zona gris.

• Liberalizar o legalizar. Hacer libre algo sometido a normas restrictivas. En este caso, liberalizar implicaría eliminar todas las restricciones que hay en el cannabis incluyendo, por ejemplo, la edad mínima para comprar, la composición de los productos derivados, o la libre competencia entre comercializadores, manufactores y productores en todos los sectores.

• Regulación. Determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo. Esta es la opción que han elegido países como Alemania, Israel, el estado de California, o las mencionadas Uruguay y Canadá. En el caso del cannabis, significa enmarcar el consumo, producción y distribución de esta sustancia dentro de unos parámetros que estén alineados con los criterios económicos y sanitarios del país.

Aquí puedes leer un artículo que repasa los términos con más ejemplos en la revista Cáñamo:

¿Quién está tomando la iniciativa en el Congreso?

A la cabeza

• Más País. Fue el primer partido en presentar en el Congreso una proposición de ley para despenalizar todos los usos del cannabis. En ella, equiparaba el estatus de esta sustancia al del tabaco o el alcohol. (Lee el texto completo)

• ERC. Ese mismo día, Esquerra Republicana de Catalunya presentaba otra proposición que regulaba la compra del cannabis, el cultivo y el consumo por la calle o por usos medicinales. (Lee la noticia completa)

• Unidas Podemos. Ha presentado una iniciativa legislativa inspirada en el modelo uruguayo. (Lee la publicación original del Congreso).

• PNV. El Partido Nacionalsta Vasco hizo una propuesta de ley para regular el uso del cannabis medicinal para el que ya se ha creado una subcomisión de trabajo. Lee la noticia completa)

A favor

Si bien no han presentado ninguna proposición de ley, otros partidos politicos pequeños como Compromís o Ciudadanos apoyan la regulación integral y han votado a favor de las iniciativas anteriores.

A la contra

• PP. Los populares argumentan que el cannabis es la droga "con más prevalencia" entre los jóvenes: "Consumir drogas no es un derecho fundamental, es un problema de salud pública". Según el PP, la despenalización del cannabis vulneraría la Constitución, en cuanto a la protección del derecho a la salud.

• Vox. Su diputado José Luis Steegman decía así sobre la regulación del cannabis "La marihuana es tóxica y su consumo es un problema de salud pública de primer orden"; sobre el impacto económico de la medida, aseguraba que la legalización en EEUU había acarreado un aumento del "mercado negro en más de un 80%".

Ni bien ni mal, sino todo lo contrario

El diputado del PSOE Daniel Vicente Viondi afirmó el pasado noviembre: "No hay drogas buenas ni drogas malas, ni son de izquierdas ni de derechas, las drogas son drogas".

Aún así, no todas las drogas son iguales. Según las Naciones Unidas, las drogas se categorizan en 5 grados en función de su potencial abuso, y el cannabis para uso medicinal pasó de pertenecer a la Categoría más alta, a la segunda más baja en 2020.

Aunque el PSOE no esté a favor del uso recreativo, sí que apoya la legislación regula el consumo de cannabis medicinal. De hecho, el pasado 16 de febrero se reunió la subcomisión de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso para abordar la regulación del cannabis medicinal y fijar el plan de trabajo, que esperan pueda ofrecer un informe al gobierno antes de verano y , según el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), tener una regulación antes del fin de esta legislatura.

El poder transformativo en la sociedad y la economía

En este artículo no vamos a ahondar en los beneficios de salud, de los que ya hemos hablado en este artículo, sino que nos vamos a centrar en la parte social, económica y de consumo del impacto que tendría la regulación en España.

Beneficios sociales

• Mejor representación de la sociedad. El INE reveló a finales del 2018 que el 84% de los españoles se muestra a favor de legalizar el consumo de cannabis con fines terapéuticos, y también son más los que regularían su uso lucrativo (47%) que los que lo mantendrían prohibido (41%). Sin embargo, la situación es muy distinta en el Congreso de los Diputados: cuando se votó la propuesta de ley de Más País, sólo 75 diputados votaron a favor y 253 votaron en contra. Es decir, algo que tiene el apoyo de casi el 50% de la ciudadanía, su representación en el Congreso es de solamente el 20%. Una regulación del cannabis supondría que la sociedad estaría mejor representada.

• Protección frente al consumo problemático. Una de las intenciones de la regularización en España es restringir el consumo para hacerlo responsable y potenciar la prevención de su uso en los menores de edad. Los políticos a favor de la regulación subrayan que, igual que ha pasado en Uruguay, las personas cuyo consumo deriva en problemas de salud estarían mejor localizados y tendrían más oportunidades para tratarse sin miedo a la estigmatización.

• Reducir el papel del narcotráfico. Con la regulación, en Uruguay el mercado clandestino de cannabis (que era un 80% del total del mercado ilegal) ha sufrido un notable retroceso. En España, la diputada de ERC afirmaba que la despenalización acaba con las mafias. En un escenario regulado donde el precio del cannabis sea competitivo con el del mercado negro, un estudio realizado por la Universidad de Barcelona previó que el mercado negro quedaría reducido al 15%.

Beneficios económicos

• Más recaudación para las arcas públicas. En Canadá y en Uruguay, la recaudación se ha incrementado a través de los impuestos derivados de la regularización de la industria. En España, los partidos políticos que han propuesto leyes a favor de la regulación, están de acuerdo en que las arcas públicas ingresarían unos 3.000 millones de euros al año.

• Un modelo económico más equitativo territorialmente. Más allá de los beneficios para los consumidores, los beneficios también impactarían en el sector agrario e industrial que se dedicaran al cáñamo. Podemos sostiene que incluso podría ser un factor de desarrollo en regiones menos pobladas y eminentemente agrarias si se desplegan incentivos a su producción en estas zonas. En su propuesta de ley se fomentan también modelos innovadores de economía, como las cooperativas de productores.

• Ampliación de actividades. La regulación del cannabis impactaría a todos los productos derivados de la planta de cáñamo. Por tanto, tal como comenta Juantxo López Uralde, coordinador de  Alianza Verde, la proposición de ley pretende "realizar una transición al mercado regulado y ordenar todas las actividades vinculadas a la planta que están en la ilegalidad hoy, sin dejar a nadie al margen, abordando de una vez un problema de alcance social y económico con el mayor rigor y la máxima seguridad posibles".

Beneficios de consumo

• Trazabilidad, seguridad y calidad. Para los consumidores, un consumo regulado nos protegería, al obligar a fabricantes y manufactores a cumplir con normativas de salud, higiene y seguridad; además de generar un círculo virtuoso en el que los productos cada vez sean más seguros y compitan por una mejor calidad. Al fin y al cabo, una regulación supondría que podríamos consumir cannabis con la misma tranquilidad y confianza con la que compramos bienes en el súpermercado súpermercado , la gasolinera o la farmacia.

• Conocimiento e investigación. Los estudios que se podrían llevar a cabo en un marco regulado permitirían datos más realistas y precisos sobre los efectos del cannabis: a más personas consumiendo cannabis legal, más estudios y datos tendremos = más podremos aprender = más credibilidad le dará a la planta (es un círculo que se retroalimenta). Así se podrían abrir las puertas a estudios más amplios y rigurosos sobre, por ejemplo, cuál es la relación entre cannabis y salud mental o cuál es su potencial real en el tratamiento del cáncer o la epilepsia.

Ahora mismo la aritmética parlamentaria no permite de momento regular el uso del cannabis para consumo adulto, pero sí estamos más cerca de ver cómo el cannabis medicinal se convierte en una realidad en los próximos años. Así pues, nos encontramos en los primeros kilómetros de una maratón.

Una carrera de largo recorrido que está llegando a uno de sus primeros hitos importantes: la regulación. Lo que nos muestran estas noticias políticas recientes es que el debate es cada vez más presente, más maduro, y está servido. Comparte esta información para que otras personas puedan situarse, reflexionar y clarificar su posición al respecto. Si los políticos se lo están empezando a tomar en serio, ¿por qué nosotros no?